El portavoz del PSOE-A, Manuel Gracia, admitió que la “gravedad” de los datos sobre la “violencia machista” merece una reflexión y debate en la Cámara y “perfeccionar” los mecanismos. El PP denunción que no hay presupuesto para luchar contra la violencia de género.

El Gobierno pondrá en funcionamiento el próximo 1 de agosto un servicio gratuito de atención telefónica, de marcación rápida (016), que funcionará las 24 horas del día a nivel estatal, para atender las llamadas de emergencia relacionadas con violencia sexista, según una resolución publicada ayer por el Boletín Oficial del Estado.

Fuentes de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género informaron que este servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico tendrá un número de tres dígitos, con el fin de favorecer su memorización por parte de las potenciales usuarias.

El acceso a este servicio se garantizará plenamente desde todos los operadores de telefonía transcurridos dos meses desde la publicación de esta resolución. No obstante, con anterioridad al término de este plazo los operadores podrán cursar estas llamadas, previo acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Este servicio telefónico es una de las medidas urgentes aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 15 de diciembre, en el marco de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral.

El servicio atenderá todas las llamadas que se realicen desde cualquier punto de España en castellano, catalán, gallego, vasco, inglés y francés. Se garantizará también la accesibilidad del servicio para personas con discapacidad sensorial y la confidencialidad de los datos de los usuarios.

EN DICIEMBRE DE 1997, ANA ORANTES, una mujer granadina maltratada, fue quemada viva por su marido tras relatar su historia en televisión. La difusión del suceso a través de los medios de comunicación puso de manifiesto el drama de las víctimas del terrorismo doméstico en toda su crueldad. Desde entonces, las cifras revelan una tendencia creciente.

Entre 1999 y 2003, 246 mujeres murieron a manos de sus maridos, parejas o ex compañeros, según el Instituto de la Mujer. La cifra de víctimas asciende a 315, si seguimos el recuento de la Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, basado en las noticias aparecidas en la prensa.

Murieron apuñaladas, atropelladas, quemadas vivas, descuartizadas, lanzadas al vacío… En muchos casos, tras soportar malos tratos durante años en silencio. En muchos otros, después de denunciar agresiones y amenazas en múltiples ocasiones. Ni el sistema judicial ni las Fuerzas de Seguridad supieron o pudieron protegerlas.

Como ellas, miles de mujeres viven bajo amenaza de muerte. En los seis primeros meses de 2004 se han contabilizado 21.865 denuncias por delitos de lesiones y malos tratos en el ámbito familiar, una cifra espectacular si la comparamos con las 8.605 del mismo semestre de 2003. Además, las detenciones efectuadas por las Fuerzas de Seguridad por este tipo de delitos han pasado de 2.731 a 11.411 en esos mismos periodos. La cantidad de solicitudes de órdenes de protección también han hecho saltar las alarmas: desde el 1 de agosto de 2003, fecha en la que se aprobó la orden de protección inmediata contra la violencia doméstica, los jueces han recibido 7.869 solicitudes (de las que acordaron 6.004) y han dictado 4.987 órdenes de alejamiento.

En 2004, 72 mujeres fueron asesinadas, lo que puso en pie de guerra a las asociaciones que luchan contra la violencia de género, quienes exigían medidas inmediatas y efectivas, que garanticen la seguridad de las mujeres.

SOLUCIONES URGENTES

El Gobierno del PSOE se comprometió a dar prioridad a este tema que, pese a haber provocado en los últimos años muchas más bajas que el terrorismo, figura en el puesto 19 de las preocupaciones de los españoles, según el barómetro del CIS del pasado mes de marzo.

El Consejo de Ministros aprobó el 7 de mayo de 2004 un paquete de 10 medidas urgentes contra esta lacra. Entre ellas, la reasignación de 200 policías y 250 guardias civiles para proteger a las víctimas, la implicación de la Policía Local en dicha protección y la petición a la Fiscalía General del Estado de que extreme las medidas de vigilancia. La prometida Ley Integral de medidas de protección conta la violencia doméstica fue aprobada el 22 de diciembre. Entrará en vigor en enero de 2005.

La violencia doméstica es un problema generalizado, que afecta a una de cada cinco europeas. Los expertos calculan que sólo se denuncia un 10% de estas agresiones. Esta cifra se reduce aún más en el colectivo de mujeres inmigrantes, que unen a su condición de víctimas la de irregulares, lo que les impide solicitar una ayuda que podría salvarles la vida.

Aunque las víctimas del terrorismo doméstico son mayoritariamente mujeres, los niños y los mayores, por su vulnerabilidad, son objeto también de agresiones. En cuanto a los hombres, sólo el 5% de las muertes masculinas se debe al ataque de sus parejas y del índice total de violencia doméstica, los maltratados representan también un 5%.

Ante la magnitud del fenómeno, en todo el mundo se están llevando a cabo campañas de sensibilización para acabar con la violencia sexista, una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra sociedad.

Diversas asociaciones de mujeres han tachado a profesionales de la Justicia de “irresponsables” por acusar a las mujeres de presentar denuncias falsas y por “boicotear en demasiados juzgados” la Ley contra la Violencia de Género, que no se está aplicando “en toda su extensión”.

“Es una absoluta irresponsabilidad de algunos operadores jurídicos, algunos con responsabilidades en el Poder Judicial, en decanatos o que son abogados que presiden asociaciones de abogados de familia que pongan como único problema de la violencia de género las denuncias falsas”, ha destacado la representante de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, ha añadido: “Se acabó señorías de que se siga convirtiendo a las mujeres en víctimas de un maltrato institucional”.

Además, ha recordado a los jueces que el asesinato de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas es “terrorismo de género”.

Tras la muerte de cuatro mujeres víctimas de violencia machista ayer, las principales asociaciones de mujeres - Federación de Mujeres Progresistas, Fundación Mujeres, Asociación de Mujeres Juristas Themis y Red Feminista, entre otras- han manifestado hoy en una rueda de prensa su “más absoluta repulsa y condena” a lo sucedido.

En opinión de Jaime de Pablo la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género “en la que tantas esperanzas habíamos puesto está fallando”, entre otras razones porque muchos titulares jurídicos no tienen la formación específica “porque la ley no lo exige”.

Jaime de Pablo también considera que está fallando el auxilio de la administración de Justicia y el asesoramiento a las mujeres víctimas de maltrato.

En este sentido, Pérez del Campo ha acusado a los operadores jurídicos de “boicotear” la ley cuando se interroga a las víctimas “como si fueran culpables”, de obligarlas a declarar cuando no están en condiciones psicológicas de hacerlo y de cuestionar las agresiones físicas cuando una mujer denuncia a su agresor.

Para la presidenta de la Federación de Mujeres progresistas, Yolanda Besteiro, estas acciones se convierten en muchos casos en elementos disuasorios para que las víctimas no denuncien junto al aislamiento y situación de debilidad que las mujeres maltratadas sufren.

Para Besteiro, la lacra de la violencia machista corresponde a un fenómeno estructural y subyace en una sociedad patriarcal y desigual en la que todo está basado en la superioridad del hombre.

Ha subrayado la necesidad de “aislar” al maltratador, de que no exista “ninguna complicidad ni comprensión de nadie ni siquiera de su familia” para evitar que los agresores puedan alardear en público de que van a matar a su pareja.

Por su parte, el Foro de Madrid contra la Violencia de Género ha exigido que “de una vez por todas se actúe con firmeza” y que se destinen los recursos necesarios para que se cumpla la ley.

Ha acusado al PP de eludir su responsabilidad en esta materia al no invertir y devolver los presupuestos asignados a la Comunidad de Madrid para luchar contra la violencia machista.

Además, instan a los responsables políticos a trabajar por el desarrollo y cumplimiento de las medidas establecidas en la ley y a la sociedad para que denuncie y luche contra estas agresiones y crímenes.

EFE

Madrid, a la cola El caso más llamativo es el de la Comunidad de Madrid, donde cada agente tiene a su cargo a 25 mujeres amenazadas; los de la Comunidad Valenciana y Murcia, donde hay un policía o guardia civil por cada 21 mujeres maltratadas y el de Canarias, con una proporción de 1 a 19. En el otro extremo, llama la atención el caso de Castilla y León, con una ratio de uno a siete, y Asturias, donde existe un miembro de las Fuerzas de Seguridad especializado en violencia machista por cada ocho mujeres que han sufrido malos tratos. No obstante, según el Ministerio del Interior, los policías y guardias civiles disponibles para combatir la violencia doméstica se han duplicado en los últimos cuatro años y, en algunas comunidades autónomas, casi se han multiplicado por tres. De las 126.293 denuncias presentadas el año pasado por violencia de género, sólo 27.967 acabaron con una orden de protección, lo que supone una de cada cinco. Las mujeres se lo siguen pensando antes de acudir a la Policía, ya que sólo el once por ciento de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas. La mayoría, casi 100.000, tuvieron como origen un atestado policial, y otras 13.000 fueron fruto de un parte de lesiones elaborado tras una agresión. Entre las medidas cautelares que pueden derivarse de una orden de protección figuran la orden de alejamiento -23.487 decretadas en 2007-, la prohibición de comunicarse con la víctima -22.278-, la salida del domicilio -4.690-, la prisión preventiva para el agresor -1.794- o la suspensión de la tenencia y el uso de armas -4.111-.

El Parlamento autonómico catalán ha aprobado por unanimidad la Ley 5/2008 de 24 de abril, titulada “Del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista”.

Estructurada nada menos que en 87 artículos, 11 disposiciones adicionales, 6 transitorias, 1 derogatoria y 5 finales. Una verdadera “perla” legislativa.

Es tal el “buenismo” político que impregna su articulado, es un texto tan “políticamente correcto” en sus contenidos, que uno queda verdaderamente estremecido por la emoción, ocasionada por el hecho de que tengamos unos responsables políticos tan angelicales.

Y esa emoción llega al éxtasis cuando con algún detenimiento nos fijamos en ciertos preceptos de la norma. No obstante, conviene estar alerta con las intenciones legislativas.

Me referiré brevemente a su incidencia en los ámbitos de la educación (capítulo cuarto) y al de los medios de comunicación de masas (capítulo sexto).

En el capítulo cuarto, concretamente en el artículo 12, se señala como propósito fundamental de la Ley la llamada COEDUCACIÓN, definida como

“… la acción educadora que valora indistintamente la experiencia, las aptitudes y la aportación social y cultural de las mujeres y los hombres, en igualdad de derechos, sin estereotipos sexistas o androcéntricos, ni actitudes discriminatorias, para conseguir el objetivo de construir una sociedad sin subordinaciones culturales y sociales entre mujeres y hombres”.

A continuación sentencia:

“Los principios de la coeducación son un elemento fundamental en la prevención de la violencia machista”.

Cuando leo este texto, y dada su ambigüedad, se me ocurre pensar lo siguiente:

-O este texto, en realidad, nada nuevo dice, en cuyo caso, me vienen a la memoria las palabras del príncipe Fabrizio en “El Gatopardo”: “es preciso cambiar muchas cosas para que, en verdad, nada cambie y todo siga igual”. En tal caso, nos encontraríamos con una mera declaración de buenas intenciones del legislador, un guiño a la población, indicándole: “no os preocupéis, estamos ahí”.

-O, por el contrario, cabría entender, y siento espeluznos cuando lo pienso, que el texto pretende, en el ámbito educativo, dinamitar el maravilloso acervo cultural de que disponemos en el mundo occidental, legado de nuestra historia, borrándolo de nuestra memoria y crear, ex novo, una nueva cultura con la que manipular y formar la inteligencia de nuestros chavales, con el pretexto de que la cultura tradicional, la de siempre, la que estudiamos en nuestra época de colegiales, al haber sido mayoritariamente elaborada por hombres, es sexista y androcéntrica.

De manera que la verdadera cultura, la que vale la pena estudiar (e imponer a los chavales), comenzaría con la Constitución del 78, y por tanto, siendo los contenidos de la Historia del Pensamiento, del Arte, de la Literatura y de la Ciencia tradicionales, sexistas y androcéntricos, en cuanto elaborados mayoritariamente por hombres, se haría necesario, no suprimirlos de cuajo (lo que veo imposible, aunque no estoy seguro), pero sí alterar su enfoque o incluso menguar su valor, por observarse que su elaboración se debe a una mente con mentalidad y prejuicios machistas. ¡Casi nada!

¿Un desnudo femenino de Tiziano sería censurado para un estudiante de Arte? Al admitirse sólo a hombres como soldados en la Antigua Grecia ¿se estudiaría la batalla de Maratón, como momento crucial de la defensa del Occidente?

El ideal femenino de don Quijote, y la defensa a ultranza de la dama de sus pensamientos, aún a costa de su vida ¿sería motivo de burla por conducta machista en la explicación de la obra de Cervantes que impediría su análisis literario serio en clase? ¿Quedaría borrado Schopenhauer de la Historia de la Filosofía por sus opiniones tan desacertadas sobre la mujer?

En el ámbito de la Historia del Cine, ¿se omitiría la importancia de verdaderas “joyas” del western, por limitarse el papel de la protagonista femenina a ser el de una abnegada madre y esposa, limitándose su aparición a dar reposo al guerrero… o del cine negro americano por ser la heroína de la película una “femme fatale” que trae de cabeza al detective protagonista por motivos no muy elevados?

En los artículos siguientes -13 a 17-, en líneas generales, se dispone que los principios de la coeducación se aplicarán en todos los niveles de la enseñanza, que la Administración inspeccionará los libros de texto para garantizar contenidos acordes con el principio de coeducación y que se habilitarán los medios oportunos para que el profesorado tenga la adecuada formación específica en tema de coeducación.

No se me ocurre otra cosa que compadecer a los pobres alumnos, a los pobres editores y a los pobres profesores por estas obligaciones que asumen por mor del indicado principio. Aunque bien mirado, ello no es más que una simple consecuencia de la aplicación del dardo envenenado de la asignatura Educación para la Ciudadania. Más de lo mismo.

Pero hay más. En el capítulo sexto, amplía los principios de la ley al ámbito de los medios de comunicación de masas (arts. 20 a 26). En el artículo 22 dice que en los medios de comunicación social que estén dentro del ámbito competencial de la Generalidad quedan prohibidas “… la reiteración sistemática en la profusión o difusión de mensajes… que traten (a las mujeres) “objetualmente””.

Señores medios de comunicación: ¿podría entenderse que la mujer es tratada “objetualmente” en los anuncios de ropa interior femenina, o cuando aparece tórridamente acaramelada en los anuncios de algunos perfumes, acariciando con fruición un helado o casi lamiendo la axila de un varón en algún anuncio de desodorante (por poner sólo unos ejemplos)?

Algún ciudadano avisado podría, no sin razón, entender que sí, y darles un disgusto, a la hora de interpretar tal precepto ante los tribunales.

En el artículo 23, párrafo a) se indica, que los medios de comunicación “… deberán hacer un uso no sexista ni androcéntrico del lenguaje”.

Me vienen a la cabeza los modernos “thrillers” americanos en que uno de los protagonistas alaba la valentía del amigo haciendo referencia a su par de genitales. Esto es lenguaje androcéntrico puro y duro, por lo que ¡cuidado con las películas que se proyectan!

El mismo párrafo, en su inciso final establece como criterio de actuación el de “difundir imágenes alejadas de los estereotipos machistas”. Por lo tanto: ojo con los anuncios de calzoncillos o con los del famoso deportista anunciando refrescos isotónicos al tiempo que exhibe su musculatura.

Es éste un aspecto irritante de esta ley, como de tantas otras que, en aluvión, se promulgan en la actualidad, es decir, la hipocresía que se demuestra cogiendo (y el legislador lo sabe) el rábano por las hojas: sancionando un anuncio del tipo de los antes indicados – lo que podría ser correcto, plausible- pero no arbitrar medidas severas, contundentes, contra, pongamos por caso, la difusión de la pornografía o del brutal erotismo que se respira por donde uno pasa y que contribuyen, en mayor medida que los anuncios citados, a la propagación de la violencia machista. Estos sí que son ejemplos claros de la consideración “objetual” de la mujer. Es el paradigma de la frivolidad buenista del legislador actual.

Fuera ya de ambos capítulos, aparecen en la Ley artículos como el 54, en el que regula, para la adecuada protección de la mujer que sufre violencia machista, la definición y estructura de lo que llama “La Red -tenebroso término- de Atención y Recuperación Integral para las mujeres que sufren violencia machista”.

Pues bien, dicha Red se articula en los siguientes servicios: Servicio de Atención Telefónica Especializada, Servicio de Atención e Información a las mujeres, Servicio de Atención y Acogimiento de Urgencias, Servicio de Acogida y Recuperación, Servicio de Acogida Sustitutoria del hogar, Servicio de Intervención especializada, Servicios técnicos de puntos de encuentro, Servicios de Atención a las víctimas del delito, Servicios de Atención Policial y otros servicios que considere necesario el gobierno (¿aún más?).

Como siempre, es maravillosa la previsión y detalle del legislador ante el trágico fenómeno regulado en la Ley. Sólo indicar dos cosas: ¿Cómo se sufragará tan complejo sistema de atención? ¿Por qué no aplicar también tal sistema a otras lacras sociales (abandono de menores, drogadicción…) o, con las debidas adaptaciones, a otros delitos?

Lejos de mí intentar siquiera unas palabras de comprensión para las mujeres que sufren violencia machista. Es tal la magnitud de tan trágico fenómeno, de tan vergonzosa lacra, que poco se puede decir aquí que pueda ayudarlas. Y por ello está bien que el legislador reaccione.

Pero no en la forma en que lo ha hecho en la Ley que comentamos: pues lo que es de todo punto inadmisible en la misma, no son ya tanto las medidas que decreta, – que podrían ser temibles en el ámbito educativo, buenistas en el ámbito de la comunicación, y sospechosamente intervencionistas en el ámbito asistencial- sino su filosofía inspiradora, su idea-madre, motriz, que parece estar impregnada de un postulado fundamental, particularmente odioso, pero muy caro a la “ideología de género”.

Es el principio de lo que podríamos llamar “la desconfianza intersexual”, conforme al cual, partiendo –así nos lo quiere hacer ver el legislador con la atmósfera que se respira al leer la ley- de que el hombre, el varón, es, prima facie, un ser de cuidado, al que hay que “atar corto”, como lo demuestran tantos casos de violencia machista debidamente propalados por los mass media, hay que llegar al absoluto convencimiento ciudadano de que la relación hombre-mujer, por hipótesis, es conflictiva.

Es esto, en definitiva, de lo que nos quiere convencer el legislador actual, con el propósito, entre otros, de desilusionar a la ciudadanía a la hora de constituir una sana relación conyugal y familiar, y, a la postre, pulverizada ya la institución familiar, hacer más fácil la manipulación del ciudadano (tanto si es hombre como si es mujer) por los poderes públicos, con la complicidad, siempre eficaz, de ciertos medios de comunicación de masas.

No nos engañemos: nos encontramos ante una joya de la literatura jurídica androcéntrico-objetual que no es tanto una ley contra el hombre violento (que lo es) sino, fundamentalmente, una ley que, con la excusa de la violencia machista, suelta una carga de profundidad contra la institución que más temen y a un tiempo odian gran parte de los políticos actuales: la familia.

El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (A/RES/48/104).

¿Serán estos comportamientos los que copiaron aquellos niños, hoy adolescentes que buscan confirmar su existencia mediante el miedo de los demás?

Desde 1999 la violencia sexista ha causado la muerte a aproximadamente 520 mujeres. Más triste es todavía que estas desmesuradas cifras no coloquen a España en la cabeza mundial de estos sucesos, si no que las increíbles números de otros países, por ejemplo México, nos hacen creer que esta es una situación irreal.
Pregunta: Si somos capaces de maltratar a quienes queremos, ¿de qué no somos capaces?

Y como irreal deben percibir las autoridades ésta situación ya que tras el establecimiento de la Ley de Protección Integral Contra la Violencia de Género, se ha podido percibir una cierta tranquilidad de conciencia en lo que se refiere a este tema. Como pudimos observar en el ínfimo protagonismo que ha tenido esta materia en las pasadas elecciones, donde otros temas que no abarcan ni la mitad de muerte y dolor que este, han obtenido un brillante papel durante esta etapa.

Perseguidas, humilladas y maltratadas ni si quiera pueden respirar tranquilas al poner en manos de las autoridades su problema, ya que ¿quien les garantiza su seguridad? Un policía, sí, aproximadamente para 127 mujeres.

Y no menos vergonzoso es que tras ese calvario, las propias víctimas reconozcan que “Las ayudas a mujeres maltratadas son un privilegio”.
Pregunta: ¿Cómo se podrá conseguir la sensibilización con este tema de quienes tienes potestad para cambiar estas cifras?

Estructurado en 6 áreas de actuación, este documento canaliza casi un centenar de acciones dirigidas a la consecución de un único objetivo: erradicar de la sociedad la vulneración más vergonzosa del principio de igualdad